Cinco perspectivas acerca de la Iniciativa Mérida
Qué es y por qué debe alcanzar el éxito

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No. 1, marzo 2008

Cada año, el abuso de drogas y el delito relacionado con ellas se cobran casi 95.000 vidas de ciudadanos estadounidenses y drenan 180.000 millones de dólares de nuestra economía[1]. Aunque es comprensible que Estados Unidos esté preocupado por la amenaza del terrorismo islámico, nunca debe bajar la guardia contra los carteles de la droga, ilícitos, sanguinarios y bien financiados, que imponen un costo exorbitante a nuestro bienestar y a nuestra economía. El presupuesto del ejercicio 2009 del presidente George W. Bush propone gastar bastante más de 14.000 millones de dólares en programas federales destinados a suprimir la demanda y a atacar la oferta. Debido a que la mayor parte de la cocaína y heroína logran ingresar en el mercado de Estados Unidos vía México, es esencial que las autoridades mexicanas se enfrenten a las mafias de la droga cuyos delitos transfronterizos amenazan a ambos países. La Iniciativa Mérida--que lleva el nombre de la ciudad de Yucatán en la que se reunieron Bush, el entonces presidente de Guatemala Óscar Berger y el presidente mexicano Felipe Calderón, en marzo de 2007--propone realizar una contribución estadounidense multianual de 1.400 millones de dólares para apoyar el cumplimiento de la ley y las reformas jurídicas en la lucha antidroga llevadas a cabo por las autoridades de México. Los retos son formidables: las instituciones judiciales mexicanas, relativamente débiles, tiene grandes dificultades para hacer frente por sus propios medios a estos poderosos pandilleros, y de cada lado se busca proteger la soberanía nacional. No obstante, ambos países manifestaron su compromiso con esta causa: en una audiencia que se celebró el 7 de febrero de 2008, Anthony Placido, jefe de inteligencia de la Agencia Federal Antinarcóticos, elogió las medidas tangibles que está tomando México y los sacrificios que está haciendo en la actualidad, y exhortó a los escépticos legisladores estadounidenses a no dejar pasar la oportunidad de cooperar con nuestros aliados mexicanos en la lucha contra un enemigo común. A pesar del foco que hicieron los medios en los elementos antinarcóticos de la iniciativa, cuando se estudian los componentes específicos de la iniciativa, queda claro que su objetivo es fortalecer las instituciones mexicanas de seguridad, a fin de permitirles lidiar con la amenaza que implican ciertos actores no estatales--ya sean terroristas, el crimen organizado, las pandillas delictivas o grupos radicales internos--para la seguridad del país.

Los autores de este Panorama Latinoamericano fueron expositores en una jornada organizada por AEI que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2007, donde se expuso sucintamente la Iniciativa Mérida y se debatió la dinámica en ambos países que dará lugar al éxito o al fracaso de este ambicioso programa.

 

Henry Cuellar

 

 

El Honorable Henry Cuellar representa al distrito número veintiocho de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Como residente de toda la vida de Laredo, Texas, una ciudad con una población de aproximadamente doscientas mil personas que linda con la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, crecí conociendo el impacto económico de una relación beneficiosa entre Estados Unidos y nuestro vecino del sur, México. Estados Unidos y, en especial, sus ciudades fronterizas han llegado a depender de los miles de millones de dólares que ingresan en el país gracias al comercio y al turismo. Mantener una buena relación es vital tanto para nuestro país en general como para las numerosas comunidades localizadas a lo largo de la frontera.

Por ello, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para proteger nuestras inversiones y nuestro futuro. Y, como con cualquier inversión, debemos actuar con rapidez cuando vemos que las cosas dan un giro negativo. A lo largo de la década pasada, la actividad delictiva organizada y la violencia de pandillas transfronterizas escaló a niveles sin precedentes. El tráfico de drogas alcanzó un récord, mientras la lucha por el poder entre mafias organizadas generó una ola de violencia que salpicó el suelo estadounidense. Hoy, los niveles de violencia a ambos lados de la frontera exigen medidas urgentes por parte de todas las naciones involucradas. Nuestra propia seguridad nacional está en juego, al igual que muchas vidas humanas y la prosperidad económica. Por estos motivos, debemos respaldar la Iniciativa Mérida.

La Iniciativa Mérida es un pacto de cooperación para la seguridad regional entre Estados Unidos, México y los países de América Central. Bush pidió 550 millones de dólares para la iniciativa en una solicitud de presupuesto suplementario; de ese financiamiento, 500 millones de dólares se enviarían a México como primer tramo de lo que espero será un compromiso de cooperación a varios años para la seguridad de 1.400 millones de dólares, y 50 millones irían a América Central. En comparación, entre 2000 y 2006, las actividades antinarcóticos en Estados Unidos totalizaron 396,6 mi-llones de dólares.

Si el Congreso aprueba la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos asumirá un importante compromiso financiero de dar al gobierno de México las herramientas que precisa para poner en marcha estrategias agresivas de lucha contra la violencia transfronteriza y doblegar a las mafias que paralizan al pueblo mexicano, su gobierno y su economía. No apoyar a Calderón cuando más nos necesita es inacep-table. El gobierno de México no puede realizar todo su potencial económico y avanzar para convertirse en un socio fecundo en la economía mundial sin nuestra ayuda.

Pero quiero ser bien claro. Calderón se comprometió políticamente con el reestablecimiento de la seguridad y el orden públicos en México. No pide una dádiva, sino una mano amiga. Para destacar esto cabe mencionar que el gobierno de México prometió 2.500 millones de dólares para hacer frente a los problemas que describe la Iniciativa Mérida. El congreso mexicano ya aprobó legislación que apoya los esfuerzos de Calderón en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones ilegales. Se pusieron en marcha fuertes medidas antinarcóticos en diez estados mexicanos; se incrementó la remuneración de militares y agentes encargados de la aplicación de la ley, y, en cooperación con Estados Unidos, se extraditó a ochenta y tres de los criminales más implacables de México a Estados Unidos para su procesamiento.

Una vez más, la Iniciativa Mérida no es un paquete de ayuda sino una estrategia conjunta cooperativa entre ambas naciones. Es una iniciativa histórica diseñada para combatir las amenazas del tráfico de drogas, el delito transnacional y el terrorismo en el hemisferio occidental. Con esta iniciativa, los temores de dar dinero al gobierno de México sin que se rindan cuentas por él, son bajos. Calderón asumió su compromiso realizando una inversión de 2.500 millones de dólares del gobierno mexicano en esta iniciativa.

La Iniciativa Mérida incluye medidas relacionadas con nuevos equipos de seguridad de avanzada y capacitación para la aplicación de la ley en México, planes de programas para reducir la demanda de drogas en Estados Unidos, nuevos planes antinarcóticos y tecnologías para la frontera sudoeste de Estados Unidos, y planes para reducir el tráfico de armas.

El tráfico de drogas y las organizaciones criminales no respetan los límites físicos pero, si trabajamos con nuestros vecinos, podemos enfrentar juntos el problema. A fin de que la Iniciativa Mérida alcance sus objetivos, el gobierno de Estados Unidos mantendrá las funciones de supervisión y rendición de cuentas. Pero, lo que es más importante, debemos elevar el valor de la vida humana por sobre cualquier posición política. Si trabajamos juntos para llegar a la raíz del problema podemos ganar esta guerra contra el narcotráfico y el delito organizado.

 

Robert "Bobby" Charles

 

 

Robert "Bobby" Charles es presidente del Charles Group, LLC. Fue subsecretario de estado para asuntos de narcóticos internacionales y aplicación de la ley entre 2003 y 2005.

Estados Unidos y México tienen mucho más en acuerdos que discrepancias. Para un conservador, hay más para celebrar que para criticar en la relación Estados Unidos-México, y ya es hora de que actuemos teniendo esto en cuenta. Si bien es difícil ser ecuánime, los resentimientos encubiertos por la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y los conflictos entre soberanías son más peligrosos. La indiferencia ante amenazas identificables en nuestra frontera, en México y en las demás fronteras de México no constituye una política viable.

Lo único que necesita el mal para prevalecer es que las personas buenas no hagan nada. La Iniciativa Mérida que hoy tiene el Congreso ante sí es--o debería ser--la punta de lanza. Hoy, si dejamos de lado todo lo positivo, tenemos un récord de sobredosis en este país y un auge del delito violento en toda la nación, gran parte del cual está relacionado con los narcóticos. El uso de drogas bajó en algunas áreas pero subió aterradoramente en otras. El comercio de drogas es violento y multinacional. La integración del dinero proveniente de este negocio con el terrorismo y con grupos delictivos transnacionales exige una respuesta integral. Y esa respuesta es, en suma, apoyar a los líderes y a los pueblos que tienen la voluntad política de proteger su propio futuro. México demuestra esa voluntad con pasión.

Estados Unidos tiene otras razones apremiantes para respaldar el esfuerzo mexicano. Siete millones de estadounidenses son adictos a narcóticos ilegales[2], y muchos de esos narcóticos llegan de, o a través de México. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en 2004 unos 19.000 ciudadanos estadounidenses murieron directamente por abuso de drogas--68,3% más que en 1999--, lo que representa más de seis veces la cantidad de estadounidenses que fallecieron en el atentado del 11 de septiembre[3]. El alcance y la repercusión del narcotráfico ya no son sólo un serio problema de seguridad nacional sino también un problema de seguridad comunitaria, familiar y personal.

La legalización de drogas es un callejón sin salida que se limita a legitimar la desgarradora destrucción humana que causa el abuso de narcóticos y crea círculos más amplios de uso y adicción, junto con un mercado negro que florece con la aparición de drogas más puras y de menor precio. Al contrario de lo que dicta una idea equivocada pero generalizada, si se legalizan las drogas, los delitos cometidos por personas que consumen narcóticos se incrementarán, no se reducirán, ya que crecerá la población que las consume. Los delitos relacionados con la droga ocurren tanto en la calle como en el seno de las familias: un 80% de la violencia doméstica está vinculado al abuso de sustancias. Asimismo, la legalización de las drogas causará un aumento de la demanda de las mismas. La espiral ascendente en los costos del cuidado de la salud para una sociedad que legaliza las drogas sería incalculable.

Es por ello que la fuerte prevención y el tratamiento, con un compromiso permanente con nuestros vecinos que se baten contra esta amenaza--como es el caso del gran esfuerzo que hoy realiza México--, son la clave para progresar y salvar vidas. Dado el fuerte compromiso asumido por Calderón, sería temerario no actuar ya mismo respaldando esta iniciativa.

Recordemos todo lo que tenemos en común con México en cuanto a los aspectos culturales. Los mexicanos están profundamente comprometidos con la familia nuclear. Dan una gran importancia tanto a la familia como a los roles familiares bien definidos. Hay mucho del Estados Unidos tradicional en México, y mucho del énfasis mexicano en los valores familiares en el Estados Unidos rural. Compartimos un profundo compromiso con la familia.

También compartimos un compromiso con la fe. Noventa por ciento de las familias mexicanas se identifican como católicos o cristianos practicantes. En Estados Unidos, aproximadamente 80% de los ciudadanos se definen como cristianos, según una encuesta de 2008 del Pew Research Center realizada entre más de 35.000 estadounidenses[4]. Es interesante señalar que 29% de la población católica de Estados Unidos es de origen hispano, y, si se analizan los estados por separado, en especial aquellos ubicados en la frontera, puede verse que un porcentaje muy elevado de los habitantes comparten los mismos valores. Setenta y ocho por ciento de los católicos de California son de origen hispano, y la proporción es de 73% en Nueva México, 80% en Arizona y 80% en Texas.

Ambas culturas comparten también una ética laboral. Aproximadamente 85% de las empresas de Estados Unidos son pequeñas empresas, y un porcentaje similar de empresas de México son lo que podría denominarse pequeñas empresas, con entre diez y noventa y nueve empleados. Compartimos un espíritu emprendedor, una fuerte ética laboral y un gusto por las empresas familiares. Debemos recordar que, cuando protegemos una sociedad y trabajamos juntos para proteger nuestro futuro común, desatender los lazos compartidos conlleva un riesgo para nosotros.

Ya sea directa o indirectamente, mediante su efecto nocivo sobre el cuidado de la salud, el delito o la educación, el alcance del abuso de drogas es amplio. El problema de la droga afecta a todos los distritos electorales del país. Por ejemplo, 80% de los delincuentes que hoy están en prisiones de Estados Unidos pueden catalogarse dentro de una de estas tres categorías: la de los narcotraficantes, la de quienes cometieron un delito estando bajo el efecto de drogas o la de quienes cometieron un delito para comprar drogas. Nos debemos a nosotros mismos y a México la aprobación de la Iniciativa Mérida y sus componentes. Ningún miembro del Congreso quiere tener que mirar atrás algún día y pensar: "Ése era el momento y lo dejamos pasar".

 

Roberta Jacobson

 

 

Roberta Jacobson es subsecretaria de estado adjunta para cuestiones de Canadá, México y el NAFTA en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

Mientras el congreso de Estados Unidos analiza la Iniciativa Mérida, tenemos la oportunidad de consolidar los esfuerzos sin precedentes de México y América Central orientados a lidiar con los crecientes niveles de violencia de las organizaciones transnacionales de la región. La génesis de la Iniciativa Mérida estuvo en las conversaciones que sostuvieron Bush y Calderón con Berger en Mérida, México, en marzo de 2007. Estas conversaciones fueron la base de esfuerzos planificados en la cooperación regional. La Iniciativa Mérida propuesta no es un paquete de asistencia extranjera tradicional sino parte de una sociedad estratégica con México y los países de América Central para apoyar los grandes esfuerzos de nuestros vecinos, fortalecer las instituciones en México y América Central, y reforzar la seguridad del territorio nacional impidiendo la actividad delictiva transnacional.

Esta propuesta mejora las perspectivas de verdadero progreso contra esas organizaciones criminales mediante la consolidación y la complementación de los recientes éxitos de México. Las extradiciones de México a Estados Unidos por delitos relacionados con las drogas siguen marcando récords: sólo en 2007, ochenta y tres fueron extraditadas. También hemos presenciado un nivel sin precedentes de incautaciones de cocaína: el año pasado, se incautaron más de 48 toneladas métricas en México. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano está llevando a cabo una reestructuración judicial y policial como objetivo a largo plazo; estos esfuerzos tendrán un papel decisivo en la persecución de estas organizaciones. Pero su precio es muy alto para México, tanto en términos finan-cieros como humanos. El año pasado, en ese país, más de 2.600 muertes fueron atribuidas a la violencia relacionada con los narcóticos y la actividad criminal, y más de 250 de los muertos fueron funcionarios, militares y policías.

La Iniciativa Mérida incluirá financiamiento para acciones de seguridad tanto en México como en América Central. Este dinero proporcionará equipamiento para las fuerzas de seguridad, tecnología para mejorar el intercambio de información y conocimientos técnicos en capacitación en áreas como el estado de derecho y el fortalecimiento institucional para organismos civiles. Además, incorporaría programas desde Panamá hasta la frontera de Estados Unidos. Estas medidas propuestas se condicen con una iniciativa mayor que se realiza en los Andes desde hace siete años por atacar la multitud de organizaciones delictivas y su actividad. Gracias a los propios esfuerzos de Calderón en México, éste es el momento justo para expandirlos y responder al pedido de un vecino, amigo y aliado que solicitó nuestro apoyo. Estos pedidos no siempre llegan en los mejores momentos políticos internos para Estados Unidos, pero debemos estar preparados para responder.

El paquete consta de tres componentes principales: la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo y la seguridad fronteriza; la seguridad pública y la aplicación de la ley; y el fortalecimiento institucional y el estado de derecho. El primer componente proporcionará equipamiento y capacitación para la interdicción, la inspección y el análisis. Esto incluirá ayudar a México a asegurar sus fronteras mejorando la aplicación de la ley, la inspección y la gestión de datos. También esperamos prestar apoyo a la mejora de las redes de comunicaciones, la arquitectura de datos y el intercambio de información para las fuerzas de seguridad tanto policiales como mili-tares. El segundo componente--la seguridad pública y la aplicación de la ley--se concentra, más que nada, en la prevención del delito y la vigilancia policial. Nos gustaría colaborar con los esfuerzos de Calderón por crear una fuerza policial nacional más grande y consolidada mediante la capacitación profesional, operaciones más eficaces y el intercambio de información. Además, esperamos mejorar las comunicaciones seguras y la conectividad de datos de estos organismos, así como trabajar en los esfuerzos orientados a reducir la demanda de narcóticos que está llevando a cabo el gobierno de México.

El tercer componente--el fortale-cimiento institucional y del estado de derecho--exigirá trabajar con instituciones mexicanas a fin de brindar a los fiscales, abogados defensores, personal de tribunales e investigadores policiales las herramientas que precisan para llevara adelante los procesamientos en el sistema judicial con más eficacia. También esperamos poder apoyar los esfuerzos del gobierno mexicano por crear mecanismos que garanticen el debido proceso y la supervisión, responder a reclamos civiles y garantizar la plena rendición de cuentas y la total transparencia. Todos estos elementos propuestos complementan pasos que los gobiernos de México y Estados Unidos ya están dando, y respetan la soberanía de ambas naciones.

A pesar del fuerte énfasis en el fortalecimiento de la seguridad, 60% del financiamiento del primer año se enviará a organismos civiles de México. Como dijo Bush, no enviaremos soldados estadounidenses armados a México. La Iniciativa Mérida es, en realidad, un esfuerzo por fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y mejorar la situación de los derechos humanos. Las organizaciones delictivas se ven beneficiadas cuando las instituciones estatales son débiles, de modo que es conveniente tanto para Estados Unidos como para México trabajar juntos en el fortalecimiento de las instituciones a ambos lados de la frontera para hacer frente a la violencia y a los efectos debilitantes que pueden tener estas organizaciones.

 

Armand Peschard-Sverdrup

 

 

Armand Peschard-Sverdrup es CEO de Peschard-Sverdrup & Associates y asociado senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Una evaluación correcta de la Iniciativa Mérida debe tener en cuenta varios aspectos que pueden malinterpretarse o pasarse por alto, en especial a la luz de la necesidad de obtener el apoyo y el financiamiento de un congreso de Estados Unidos que está cansado de los eternos pedidos de ayuda a Estados Unidos, amén de que, en este momento, la economía estadounidense parece estar ingresando en una recesión, y estamos en año electoral.

La Iniciativa Mérida está diseñada para fortalecer un amplio espectro de las instituciones mexicanas orientadas hacia la seguridad--como la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría Ge-neral, Aduanas de México y el Instituto Nacional de Migración--y para profesio-nalizar el personal de aplicación de la ley de ese país. El congreso de Estados Unidos corre el riesgo de equivocarse si sus miembros suponen que la iniciativa se ocupa únicamente de problemas actuales y no es más que una medida antinarcóticos. La iniciativa hace foco en el futuro y en el fortalecimiento de la capacidad del gobierno mexicano de garantizar que las amenazas potenciales se detengan en México mucho antes de que lleguen a las fronteras o comunidades de Estados Unidos. Si el congreso de Estados Unidos y el pueblo estadounidense no ven el programa de esta manera, se perderá un tiempo precioso: las instituciones no se fortalecen de la noche a la mañana. En última instancia, la iniciativa ayudará a garantizar la seguridad colectiva de ambas naciones contra amenazas futuras.

El compromiso que la administración Calderón demostró tener con la lucha contra el delito organizado durante su primer brinda una oportunidad para que Estados Unidos convoque a su vecino de un modo que asegurará colectivamente la seguridad futura de ambas naciones. Para hacer honor a la verdad, la prioridad que asignó el gobierno de México al apuntalamiento de sus instituciones de seguridad no es nueva; ni siquiera es una iniciativa que haya iniciado la administración Calderón. En rigor, el ex presidente Ernesto Zedillo, junto con el congreso de México, instauró algunas de las reformas necesarias para este fin a mediados de la década de 1990, cuando creó la Secretaría de Seguridad Pública y puso en vigor una primera ronda de reformas judiciales. El ex presidente Vicente Fox y el congreso de México pusieron en práctica nuevas reformas diseñadas para proteger la seguridad nacional y pública; por ejemplo, convirtieron el Viceministerio de Seguridad Pública en un ministerio independiente. Calderón demostró su interés en profundizar los logros de sus predecesores mediante la integración de los diversos organismos federales de aplicación de la ley bajo el mando unificado del Ministerio de Seguridad Pública y el fortalecimiento de las facultades de llevar adelante procesamientos de la Procuraduría General. Ambas medidas están orientadas a volver al gobierno federal más eficaz en la lucha contra el delito y la obtención de acusaciones formales, a fin de fortalecer la cultura del estado de derecho en México.

No debe olvidarse que México aún está atravesando su propio proceso de consolidación democrática. México siempre gozó de un poder ejecutivo muy fuerte; desde 1997, cuando el congreso mexicano comenzó a volverse más pluralista, el poder legislativo fue ganando autonomía de manera gradual y, hoy, existe una verdadera separación de poderes. En términos relativos, el poder judicial es todavía el más débil de los tres poderes del gobierno de México. Más allá de la seguridad que brinda a ambas naciones, esta iniciativa ofrece un respaldo valioso a un vecino que está comprometido con el fortalecimiento del sistema judicial y, por lo tanto, del estado de derecho.

La idea de que Estados Unidos está usurpando la soberanía de México ha sido siempre el talón de Aquiles de la formulación de cualquier tipo de programa bilateral, por lo que debemos ser respetuosos de la sensibilidad de México. La Iniciativa Mérida de ningún modo usurpa la soberanía mexicana. De hecho, es totalmente coherente con la agenda de Calderón, por lo que le daría un impulso extra para alcanzar muchos de los objetivos de su admini-stración, según constan en su Plan Nacional de Desarrollo para 2006-2012. La iniciativa se condice también con las metas fijadas por el congreso de México, que aprobó un incremento de 24% en el gasto en 2007 para los organi-smos de seguridad sobre al suma asignada para el ejercicio 2006. En consecuencia, es perfectamente natural que Estados Unidos ayude a México a adquirir los conjuntos de habilidades y la tecnología que se precisan para intercambiar y utilizar información con los de los organismos estadounidenses a fin de que México pueda participar en operaciones conjuntas contra enemigos comunes y fortalecer la seguridad nacional de ambos países. Más allá de lo que pueda haber ocurrido en el pasado, las dos naciones deben permanecer alertas y concientes de las amenazas a la seguridad que surjan en el futuro, y eso exige una relación de colaboración mucho más estrecha entre los organismos de seguridad de Estados Unidos y México.

Los dos países deben comprender que la Iniciativa Mérida no es una solución mágica. Sería un error creer que 1.400 millones de dólares resolverán los problemas de seguridad en México de la noche a la mañana o que lograrán los resultados que probablemente se prometan a medida que la iniciativa avanza por el proceso legislativo estadounidense. Es cierto que invertir en tecnología no invasiva puede ayudar a apuntalar la integridad del ingreso y egreso de cargas de ambas naciones. Sin embargo, esta tecnología debe ser operativa, debe estar bien posicionada, y los problemas que tenga deben ser tratados por funcionarios de ambos países. Además, la inversión en la profesionalización de los organismos de aplicación de la ley sólo dará los resultados esperados si México logra reclutar personas que estén genuinamente interesadas en una carrera honorable en la aplicación de la ley, y que no consideren el empleo un mero medio para el enriquecimiento ilícito.

Toda nación, entre ellas México, aspira a ofrecer a sus ciudadanos la calidad de vida que se deriva de poseer una cultura del estado de derecho. Calderón no sólo diagnosticó correctamente el problema de la inseguridad y la impunidad sino que, además--y lo que es más importante--demostró tener la voluntad política de instaurar las diversas reformas judiciales y relativas a la seguridad necesarias para alcanzar estas metas.

Parte de la profunda reestructuración institucional que hubo en Estados Unidos--desde la creación del Departamento de Defensa en 1947 hasta la del Departamento de Seguridad Nacional en 2003--respondió a cuestiones de peso: la Segunda Guerra Mundial o el ataque terrorista del 11 de septiembre, por ejemplo. México no experimentó hasta ahora acontecimientos de esa magnitud. Pero sus líderes políticos, sin importar su afiliación política, tienen plena conciencia de que deben llevar adelante una reorganización radical del sistema judicial y de la aplicación de la ley. La Iniciativa Mérida tiene potencial para servir como punto de inflexión para las reformas judiciales y de seguridad necesarias.

Es probable que se digan muchas cosas en el debate de la Iniciativa Mérida en el congreso de Estados Unidos, y puede haber algunos gestos grandilocuentes, en especial dado que se trata de un año electoral. Es importante que el pueblo de México comprenda que este juego de tira y afloja es parte natural de la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo, relación necesaria para el mantenimiento del sistema de equilibrio de poderes. El congreso de Estados Unidos exigirá que la administración Bush garantice que el dinero estadounidense sea bien empleado. Aunque es inevitable que la mención de condiciones provoque algunas quejas en México, "Lo sabíamos: aquí están los imperialistas que nos dicen lo que debemos hacer", esperamos que esas voces sean minoritarias. A fin de cuentas, el pueblo de México tiene ahora una relación mucho más madura entre sus poderes ejecutivo y legislativo, y llegó a revalorizar el tipo de debate que girará en torno de esta iniciativa.

No obstante, es preocupante que la Iniciativa Mérida pueda ser víctima de estrategas de campaña que la consideran, junto con la inmigración y la seguridad fronteriza entre Estados Unidos y México, una cuestión efectiva para sus candidatos en función de las elecciones presidenciales y legislativas de 2008, eficaz para polarizar al electorado estadounidense tanto entre republicanos y demócratas como dentro de cada partido. Éste sería claramente el caso si la iniciativa no consiguiera la aprobación del congreso en el primer trimestre. Cabe esperar que los miembros del congreso comprendan que los beneficios estratégicos a largo plazo que pueden lograrse con la iniciativa superan con creces los beneficios electorales a corto plazo que se podrían obtener en ciertos segmentos del electorado. Si el interés de Calderón en la Iniciativa Mérida quedara sin respuesta, llevaría un tiempo considerable recrear las condiciones necesarias para el nivel de cooperación sin precedentes que demanda la Iniciativa Mérida. La oportunidad existe, y, si el programa no se aprobara, la cooperación Estados Unidos-México sufriría un revés en un momento en el que el trabajo conjunto es de vital importancia para la seguridad futura de ambas naciones.

La Iniciativa Mérida no es una cuestión republicana ni una demócrata. Es una iniciativa que tiene sentido estratégico para Estados Unidos y que, además, constituye una política pública bien concebida. De hecho, la Iniciativa Mérida capitaliza muchos de los logros bilaterales entre ambos países de los presidentes George H. W. Bush y Bill Clinton--y los respectivos congresos estadounidenses durante esas administraciones--y es un paso natural para el presidente y el congreso actuales.

 

Ted Brennan

 

 

Ted Brennan es director de asuntos gubernamentales y mun-diales de la sede Washington, D.C. de Tew Cardenas LLP.

La Iniciativa Mérida propuesta llega en un momento crítico para Estados Unidos y México. Los carteles de la droga tienen el virtual control de los pueblos ubicados cerca de la frontera, y la violencia callejera y la corrupción están volviendo casi ingobernables a muchas de estas comunidades. La recuperación del control de estos pueblos y ciudades se ha convertido en la prioridad número uno para Calderón y para Bush.

Dado que Colombia y los países de la región andina fueron el principal foco de la atención en la última década, gran parte de la zona de tránsito--México y América Central--se descuidó y se convirtió en un punto débil para Estados Unidos en relación con el narcotráfico. Si bien los esfuerzos de Estados Unidos y de Colombia por combatir las drogas fueron eficaces, se concentraron en Colombia o cerca de sus costas, y dejaron la zona de tránsito o brazo de tierra libre para el tráfico. El desarrollo de las mafias mexicanas de la droga, hizo que el tráfico de drogas a través de México se convirtiera rápidamente en una alternativa viable y lucrativa. Una idea generalizada era que, una vez que la droga estaba en México, era como si ya estuviera en Chicago, Washington, D.C. o Seattle.

Aunque el Plan Colombia tuvo éxito, aún quedan cosas por hacer. Muchas de ellas podrían lograrse agregando un plan exhaustivo para combatir la droga que llega de Colombia a México y América Central. La Iniciativa Mérida es el complemento ideal para el Plan Colombia.

México está en la situación en la que estaba Colombia hace cinco años. La violencia callejera, la corrupción y el malestar civil en México está haciendo tambalear a esa próspera y democrática nación. Bush y Calderón propusieron la Iniciativa Mérida para dar una respuesta conjunta a los carteles y a las debilidades institucionales en México, y para combatirlos y llevarlos ante la justicia. La iniciativa proporcionaría equipamiento, capacitación y asistencia técnica al gobierno de México para hacer frente a este grave problema, al tiempo que procuraría una cooperación más estrecha con los organismos de aplicación de la ley y otros organismos de Estados Unidos.

En los últimos tiempos, el congreso estadounidense celebró tres audiencias importantes sobre la Iniciativa Mérida. Si bien la mayoría de los miembros parecen respaldarla, tanto republicanos como demócratas expresaron su consternación por el hecho de que la administración Bush hubiera formulado el plan de 1.400 millones de dólares a tres años sin pedir la opinión del congreso ni, cuando menos, notificarlo. Otros exigieron que se garantizara la capacitación e investigación de las autoridades de México a fin de asegurar los derechos humanos, los derechos laborales y la determinación de Estados Unidos de detener el contrabando de armas a México.

En definitiva, parece factible que la Iniciativa Mérida se adjunte al complemento de guerra de Irak y Afganistán. A pesar de la preocupación de algunos legisladores por el plan, es muy probable que se apruebe la Iniciativa Mérida. Un funcionario llegó a pronosticar trescientos votos a favor de la iniciativa. Los legisladores que representan a estados ubicados en la frontera ya expresaron su fuerte respaldo a esta iniciativa y comprometieron a los presidentes de las cámaras a impulsar su aprobación. Finalmente, el congreso apoyará este programa como parte de una estrategia abarcadora para combatir el terrorismo, el tráfico de drogas y la corrupción, y, al mismo tiempo, promover el estado de derecho en México y América Central. Al igual que en el caso del Plan Colombia, su éxito dependerá de la cooperación estrecha, la comunicación, y el apoyo y la colaboración constantes del congreso. La iniciativa alcanzará el éxito siempre y cuando la voluntad política se mantenga fuerte en Estados Unidos, México y América Central.

Roger F. Noriega, visiting fellow AEI, Megan L. Davy, asistente de investigación y Christy Hall Robinson, asistente de redacción, colaboraron con los autores en la elaboración y redacción de este Panorama Latinoamericano.

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Notas

1. La Estrategia Nacional de Control de Drogas de 2007 del presidente Bush mencionaba 25.000 muertes y este impacto econó-mico en 2002 (Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, National Drug Control Strategy [febrero de 2007], disponible en www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/policy/ndcs07/ndcs07.pdf [consultado el 29 de febrero de 2008]). Anthony P. Placido, jefe de inteligencia de la Agencia Federal Antinarcóticos, calculó citando a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que las muertes relacionadas con la droga fueron 34.000 en 2005, en un testimonio del 7 de febrero de 2008 ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
2. Departamento de Salud y Servicios Humanos, Administración para los Servicios de Salud Mental y de Abuso de Sustancias Adictivas, Results from the 2006 National Survey on Drug Use and Health: National Findings (Rockville, MD: Oficina de Estudios Aplicados, 2007), disponible en www.oas.samhsa.gov/nsduh/2k6nsduh/2k6results.pdf (consultado el 29 de febrero de 2008).
3. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, "Unintentional Poisoning Deaths--United States, 1999-2004", Morbidity and Mortality Weekly Report 56, No. 5, disponible en www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5605a1.htm (consultado el 27 de febrero de 2008).
4. Foro Pew sobre Religión y Vida Pública, U.S. Religious Landscape Survey 2008 (Washington, DC: Pew Research Center, 2008), disponible en http://religions.pewforum.org/pdf/report-religious-landscape-study-full.pdf (consultado el 27 de febrero de 2008).

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