El sector energético en las Américas: dos visiones

Perspectiva Latinoamericano

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No. 2, 2006

En su discurso a los Estados Unidos del 31 de enero, el presidente George W. Bush declaró: “Norteamérica es adicta al petróleo, y muchas veces importamos el petróleo de regiones inestables del mundo”[1]. Al exponer un plan destinado a utilizar la tecnología “para desarrollar fuentes de energía alternativas más confiables, más económicas, y menos contaminantes”, el presidente estableció un valioso objetivo: “convertir la dependencia del petróleo de Oriente Medio en algo del pasado”. Aunque su visión a largo plazo es que el país dependa menos del petróleo, una solución más rápida para no tener que recurrir a fuentes “inestables” puede ser alentar a los países del Hemisferio Occidental ricos en recursos a que adopten políticas sólidas para el desarrollo de las industrias de gas y de petróleo. Sin embargo, si no se realiza de inmediato un esfuerzo conjunto entre gobierno e industria, llegaremos a ver que algunos países con gran potencial adoptan modelos estatistas, donde se despilfarran los recursos naturales, y se convierten en socios menos confiables y con poca estabilidad.

Hoy los Estados Unidos es el mayor consumidor de recursos energéticos globales, por eso, el acceso garantizado a la energía de acuerdo a los términos del mercado es un imperativo estratégico. Debido al clima mundial actual--caracterizado por el crecimiento económico de China, India y otros países en desarrollo; los precios energéticos en alza, a causa de shocks a corto plazo, como los recientes huracanes y los cuellos de botella en las refinerías; y la constante inseguridad con nuestros socios energéticos de Oriente Medio--, debería ser una prioridad para los Estados Unidos dar un enfoque constructivo y cooperativo al tema de la energía, junto con nuestros países vecinos de América.

Todo el Hemisferio Occidental se beneficiará si los países adoptan estrategias racionales para el desarrollo del sector energético que respeten las fuerzas del mercado y consoliden la colaboración entre el sector público y el privado. Los gobiernos tienen que mantener un equilibrio delicado: por un lado, deben obtener grandes cantidades de capital extranjero; por el otro, deben asegurar a sus ciudadanos que se está protegiendo la soberanía y el valioso patrimonio nacional. Países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, los estados insulares del Caribe, y otros están poniendo en práctica modelos de desarrollo energético que les son favorables. Algunos fomentaron reformas regidas por las leyes de mercado y demostraron que la atracción de capitales y la atención de los intereses nacionales no son mutuamente excluyentes. Sin embargo, otros se ven tentados por modelos estatistas, que, en realidad, podrían amenazar la viabilidad económica de sus mercados y retrasar el crecimiento de una industria que podría ser el motor del desarrollo. La tarea por realizar es clara: las empresas de energía y los gobiernos pueden y deben trabajar juntos para fomentar el crecimiento y desarrollo genuino en el hemisferio, de forma tal que éste sea rentable y que cumpla con el imperativo moral de ayudar a millones de personas a salir de la pobreza mediante la gestión racional de los recursos naturales.

Aumento de la demanda en búsqueda de nuevos proveedores[2]

A pesar de la nueva y audaz iniciativa energética del presidente Bush, es difícil que los resultados de los significativos esfuerzos internos de conservación sean suficientes. Se calcula que el consumo de energía de EE.UU. crecerá en forma sostenida hasta 2025, un 1,4% por año, lo que equivale a casi la mitad de la tasa esperada de crecimiento del producto interno bruto (PIB) durante dicho período. Aunque el país logre incrementar su producción interna, la demanda deberá satisfacerse con un aumento de las importaciones netas. Se espera que las importaciones pasen del 27% del total del consumo energético de los Estados Unidos al 38% en 2025.

En los Estados Unidos, los combustibles fósiles son la principal fuente de energía, encabezados por el petróleo y el gas natural. Dos de sus tres proveedores más importantes de petróleo están en la frontera, y Venezuela suministra cerca del 14% del total de las importaciones. Se estima que la demanda de gas natural aumentará a un ritmo aún mayor, casi el 20% para 2030, y que Canadá, el mayor proveedor de este producto, reducirá en gran medida sus exportaciones, debido al agotamiento de sus recursos y a la creciente demanda interna. Ya que la prosperidad y el acceso a la energía se encuentran intrínsecamente ligados, para los Estados Unidos es prioritario el fomento de asociaciones relacionadas con la energía.

Los Estados Unidos no necesita buscar demasiado para encontrar alternativas al “inestable” Oriente Medio: Canadá, América Latina y los estados del Caribe cuentan con recursos energéticos abundantes. Si las actuales tendencias de las inversiones continúan, el hemisferio (excluyendo a los Estados Unidos) puede convertirse en un exportador neto para 2025. Esta situación ha de beneficiarlo tanto a los Estados Unidos como a sus proveedores: si la producción de energía evoluciona en forma adecuada, será un motor viable de desarrollo regional y, a la vez, contribuirá a que el hemisferio, en su conjunto, sea competitivo a nivel global. En efecto, los adelantos en las tecnologías de exploración y producción permitirán que el equilibrio importación/ exportación de petróleo del Hemisferio Occidental crezca de 5,5 millones de barriles por día en 2004 a más de 8 millones en 2025. Sin embargo, esta promesa se basa en el supuesto de que el hemisferio mantenga un enfoque de mercado, donde el sector público y el privado trabajen unidos para lograr el desarrollo del sector de la energía.

Obstáculos para las asociaciones en el sector energético

Existen dos factores importantes que ayudan a entender por qué el desarrollo del sector energético se retrasó en América Latina y el Caribe. La explotación de fuentes de energía es una industria intensiva en capital y, como tal, requiere de grandes inversiones. Esta industria comprende la producción, pero también la exploración, el transporte y la refinación de combustibles; ninguna de estas áreas puede funcionar por sí sola, y todas exigen un gran compromiso por parte de las empresas. No basta con tener reservas, los países deben contar con un clima de inversión positivo para dar garantías a los inversores, ya que éstos tienen la oportunidad de instalarse en otra parte del mundo cuando temen por la incertidumbre con respecto a las regulaciones o a los regímenes tributarios, por la inseguridad personal, la corrupción o la resolución injusta de los conflictos.

Históricamente, las consideraciones políticas tuvieron un papel crucial en las decisiones del sector energético en América Latina y el Caribe. La preocupación por la soberanía nacional es prominente en las decisiones del gobierno que involucran la explotación de los recursos naturales por parte de intereses extranjeros. La historia ha enseñado una amarga lección a muchos países donde gobiernos extranjeros explotaron sus recursos; a la mayoría le quedó el sentimiento de que las riquezas minerales son parte de su patrimonio y deben ser celosamente protegidas. Aunque esta sensibilidad política y cultural es muy válida, con frecuencia socava la confianza entre las partes y dificulta un potencial acuerdo y complica las transacciones comerciales.

Además, muchos gobiernos y empresas estatales han tomado decisiones políticas para limitar la participación privada en la producción energética y canalizar la mayor parte de las ganancias al gasto interno. Si bien este gasto social puede producir resultados inmediatos tangibles y positivos, también absorbe capital imprescindible para el sector energético y debilita la capacidad de maximizar las tasas de recuperación, como han reconocido países como México[3].

Por supuesto, los que hoy buscan hacer negocios en América Latina deben tener en cuenta también otras variables, como la protección del medio ambiente, el respeto de las comunidades indígenas y los valores culturales. Estas consideraciones políticas y sociales, que revisten importancia en las agendas de las negociaciones entre los gobiernos y las empresas privadas, pueden tratarse sin entorpecer el desarrollo energético[4]. Varios proyectos del hemisferio que han tenido en cuenta los mencionados intereses son considerados como “las mejores prácticas”.

El petróleo no tiene que ser una maldición

“El petróleo es una maldición” es un lema a veces recitado por quienes están preocupados por el crecimiento equitativo y estable de los países en desarrollo ricos en recursos naturales. Si bien las estadísticas varían, los países en desarrollo con recursos petroleros, históricamente, crecen entre medio y un punto porcentual menos que aquellos países que no los tienen[5]. Aunque gran parte de este fracaso se le atribuye a la explotación extranjera, también la corrupción interna y la mala gestión son responsables.

No tiene por qué ser así. Tanto los gobiernos como las empresas petroleras pueden elegir cómo hacer negocios en un Hemisferio Occidental que se enfrenta al desafío de ser competitivo para atraer capitales globales. Algunos países están conformes con un modelo de libre mercado, mientras que otros se ven tentados por una visión estatista que promete un mayor control sobre el desarrollo. El mes pasado se produjo una serie de hechos en el hemisferio que dejó bien claras las diferencias entre ambos enfoques.

  • El 11 de enero, un informe de CIBC World Markets vaticinó que, para 2010, las reservas de arenas petrolíferas de Canadá serán las únicas principales contribuyentes al crecimiento del abastecimiento global y superarán a Arabia Saudita[6].
  • El 12 de enero, el presidente de Perú, Alejandro Toledo, se reunió con el presidente de la Hunt Oil Company, Ray L. Hunt, y docenas de líderes de la comunidad y políticos para inaugurar la fase II del Proyecto de Gas Natural de Camisea. En sus comentarios al público, Toledo pronosticó que el proyecto, que atrajo $US 1.600 millones de financiación externa y que es presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo como modelo de acuerdo energético, generará 35.000 puestos de trabajo para los peruanos y, al mismo tiempo, reducirá los costos de energía y producirá un crecimiento a largo plazo.
  • El 13 de enero, Patrick Manning, el primer ministro de Trinidad y Tobago, país rico en petróleo, advirtió claramente a sus vecinos del Caribe que la iniciativa PetroCaribe, patrocinada por Venezuela, es un planteo estatista que puede dejar desamparados a los estados insulares si las empresas privadas abandonan la región[7].
  • El 24 de enero, el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, firmaron una serie de acuerdos económicos, incluido un plan para intercambiar productos derivados del petróleo de Venezuela por productos agrícolas de Bolivia y un convenio de asesoramiento venezolano a la empresa petrolera estatal de Bolivia, Yacimientos Petrolíferos y Fiscales Bolivianos (YPFB)[8].
  • El 26 de enero, la empresa energética española Repsol YPF anunció una importante reducción de sus reservas probadas de gas, debido, principalmente, a la inestabilidad política en Bolivia[9].

Dos visiones

Estos resúmenes de noticias presentan dos visiones muy distintas sobre la producción de energía: un enfoque que busca equilibrar los principios del libre mercado con consideraciones nacionales, frente a otro estatista encabezado por el venezolano Chávez. Como lo sugieren las noticias, Canadá y Perú--entre otros países--sobresalen como modelos de la región, por su compromiso con los principios del libre mercado y por crear un clima de inversión positivo para el sector energético. Venezuela aún respeta el acuerdo interno por el cual las empresas extranjeras hacen negocios junto a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Sin embargo, con el gobierno de Chávez, poco a poco, el estado fue agudizando los controles sobre los operadores extranjeros y canalizó las ganancias del sector hacia prioridades tanto externas como internas.

Es importante señalar que a las empresas de energía extranjeras están haciendo buenos negocios en Venezuela y consideran que cualquier juicio ideológico hacia su socio constituye una amenaza potencial para su rentabilidad. Y es lógico que pretendan seguir haciendo negocios allí: es su capital el que está en juego y, después de todo, son empresas de los Estados Unidos que aportan un producto básico valioso al país. Empresas de los Estados Unidos quieren tomar la mayor parte de un negocio extraordinariamente rentable, ya que PDVSA se encuentra en una mala situación. Comparada con los gobiernos que no obdecen normas ni leyes, con los que ya están acostumbradas a tratar en Oriente Medio, Rusia y demás regiones de la ex Unión Soviética, la Venezuela de Chávez es muy hospitalaria.

Independientemente de su elección de hacer negocios con Venezuela, las empresas de los Estados Unidos tienen razones para intentar apoyar el modelo energético de libre mercado que se está instalando en otros países del continente americano. En lugar de tener que corregir a personajes corruptos, pueden asociarse con gobiernos americanos democráticos, respetuosos de la ley, razonables, que dirigen países estables porque se manejan en forma justa y no cambian las reglas de juego por motivos políticos; en pocas palabras, son socios que respetan al mercado.

Las arenas petrolíferas de Canadá: un modelo desde el norte

El tamaño de las vastas arenas petrolíferas (que en la actualidad producen un millón de barriles de petróleo diarios, con casi 180.000 millones de barriles de reserva probada) no es lo único importante en Canadá: este país ha sido líder en la creación de un clima favorable de inversión y los inversores nacionales e internacionales han respondido. Nuestro vecino del norte es un modelo a seguir porque pudo equilibrar la exploración privada de los recursos naturales y la soberanía nacional.

Canadá no es diferente de muchos de nuestros vecinos del sur, dado que su constitución establece que los recursos energéticos son patrimonio nacional y fija restricciones para su explotación. La responsabilidad de la política energética se divide entre los gobiernos provinciales y el gobierno federal. Los gobiernos provinciales, en su calidad de propietarios de los recursos naturales, son responsables por la regulación y el desarrollo dentro de su territorio. El gobierno federal tiene otras responsabilidades, como la de armonizar la política energética en el ámbito nacional, promover el desarrollo económico regional y establecer políticas relacionadas con los territorios fronterizos, el desarrollo offshore, las instalaciones interprovinciales y el comercio internacional e interprovincial[10].

Aunque Canadá tiene la ventaja de un indiscutible compromiso con la democracia y el imperio de la ley, sancionó varias modificaciones y puso en práctica mecanismos para promocionar aun más el sector energético. A mediados de los años ochenta, la política energética federal fue reformada de manera sustancial con el objetivo de orientar al sector aún más hacia el mercado. Además, el país demostró su compromiso con este objetivo mediante la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (no olvidemos que los Estados Unidos es su socio energético más importante) y mediante la eliminación de las restricciones a la propiedad extranjera para las licencias de producción en territorios fronterizos.

El ejemplo de Alberta demuestra que la soberanía nacional y las políticas de mercado son compatibles. Consciente de los altos costos de capital y tecnología involucrados en el desarrollo de las arenas petrolíferas, esta provincia aplicó un régimen competitivo de regalías para que las inversiones fuesen atractivas para los inversores. Sólo en los últimos cinco años, el sector privado destinó 25.000 millones de dólares canadienses a tecnología e infraestructura para explotar este recurso, recientemente valuado en 1,4 billones de dólares canadienses[11]. Las empresas privadas ofertan en licitaciones transparentes (a través de Internet) para adquirir derechos temporales para explorar y desarrollar determinada extensión de tierras de la Corona y pagan al gobierno alquiler y regalías determinados por el mercado.

Como resultado de esta financiación privada, se estima que, entre los años 2000 a 2020, la explotación de este recurso generará 123.000 millones de dólares canadienses en ingresos fiscales, de los que el 41% corresponderá al gobierno federal[12]. Para 2008, en el país se habrán creado 240.000 nuevos puestos de trabajo, gracias al desarrollo de las arenas petrolíferas[13]. Con respecto al debate por la “nacionalización” que recientemente causó tanto furor en Bolivia, se entiende, sin duda, que las arenas petrolíferas y todo el resto de la riqueza mineral de Canadá pertenecen a la Corona y al estado de Canadá.

Camisea: el caso exitoso de Perú

El proyecto de gas natural de Camisea es el proyecto energético más ambicioso en la historia de Perú y ofrece muchos ejemplos positivos para sus vecinos de América del Sur. Se cree que estos yacimientos (a casi 800 km al este de Lima) contienen 13 billones de pies cúbicos de gas natural. Capitales privados por un total de más de $US 1.600 millones financiarán el proyecto que consta de tres etapas: exploración y desarrollo de los yacimientos, construcción de una planta fraccionadora y una terminal marítima, y la construcción de un gasoducto de 740 km, que va desde los yacimientos hasta un área cercana a Lima, como así también la red de distribución en Lima y los alrededores de Callao.

Camisea también plantea un desafío interesante a la exploración, ya que se trata de un área de biodiversidad única y localizada en una zona de comunidades indígenas. Organizaciones multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento, son contribuyentes clave del proyecto del gasoducto y controlarán las condiciones ambientales y de otro tipo para otorgar el financiamiento. Desde las primeras etapas de desarrollo, se contemplaron el control de la erosión e iniciativas de reforestación, junto con medidas para prevenir la migración y la colonización, de manera de mantener un equilibrio entre los intereses regionales y nacionales, y las reglas del libre mercado.

El proyecto Camisea convertirá a Perú en un importante exportador de gas natural, y es un ejemplo de que un amplio financiamiento privado y tecnología avanzada están a disposición del país para colaborar en la explotación de sus recursos naturales y contribuir al desarrollo social de todo su pueblo. El empresario petrolero estadounidense Ray L. Hunt señaló la importancia de la estabilidad política y de políticas energéticas racionales para atraer capitales privados al afirmar, el 12 de enero de 2006, en la ceremonia de Camisea: “Perú tiene la gran ventaja de contar con un sistema político que es consciente de sus responsabilidades para con el pueblo de Perú, tanto en el presente como para las generaciones futuras”[14]. El presidente Toledo señaló que el proyecto Camisea generará cerca de 35.000 puestos de trabajo directa o indirectamente y $US 200 millones por año en regalías e impuestos para el próximo gobierno. También se espera que el proyecto contribuya a un crecimiento adicional del PIB del 1%. Los peruanos ahorrarán $US 4.000 millones en costos energéticos a lo largo de un período de treinta años, ya que el costo marginal de generación de energía se reducirá cerca del 30%.

Venezuela y PetroCaribe: deuda y dependencia

Venezuela tomó varias decisiones políticas con respecto a la producción petrolera, también partiendo del concepto de que el petróleo es patrimonio nacional y, además, es una herramienta de la política exterior; un ejemplo interesante de esto es la iniciativa de PetroCaribe. Lanzada en junio de 2005, constituye una oferta de Venezuela a sus vecinos del Caribe para obtener sustanciales ahorros en costos petroleros. Cabe destacar la importancia de sus términos y condiciones: los socios de PetroCaribe comprarían petróleo a Venezuela con un descuento temporario del 30 al 40% (dependiendo del costo del petróleo en el momento de la operación), pero pagarían la diferencia entre el precio de mercado y el precio con el descuento la pagarían aunque financiada por Venezuela al 1 ó 2% de interés, a lo largo de un período de quince a veinticinco años. También, se espera que los países del Caribe reemplacen la administración privada de las instalaciones de almacenamiento y distribución por una administración estatal contraparte de la empresa PDVSA, propiedad del gobierno de Venezuela. Como hoy en día la mayoría del petróleo consumido en el Caribe es suministrado por empresas de los Estados Unidos, al parecer, el propósito de Chávez es que se reemplacen esos vínculos comerciales con los Estados Unidos por una dependencia con un único proveedor venezolano.

En su declaración del mes pasado, Manning, el primer ministro de Trinidad y Tobago (país que no forma parte del acuerdo) expresó con claridad cuáles serían a su criterio los efectos obvios que tendrá la iniciativa: lejos de ser una ventaja para la zona, el enfoque del plan de PetroCaribe representa un retroceso en los principios de mercado que son centrales para la integración económica del Caribe. Asimismo, la mayor parte del petróleo consumido en la región hoy proviene de Trinidad y Tobago. Los que opten por el modelo venezolano pueden perder el acceso a fuentes alternativas de petróleo y quedar vulnerables en caso de fracasar PetroCaribe. “Es una cuestión de que se corten su propio cuello si no son cuidadosos”, dijo Manning a los periodistas reunidos en la sede de CARICOM, en Georgetown, Guyana[15].

Otro aspecto preocupante es el impacto sobre el endeudamiento. Los catorce estados miembros de CARICOM se encuentran entre los treinta países de mercado emergentes más endeudados en el mundo, y siete de ellos se ubican entre los diez primeros[16]. Mientras que los estados del Caribe recurren a la comunidad internacional en busca de un alivio de la carga de la deuda, el acuerdo de PetroCaribe requiere que estas pequeñas economías se endeuden en millones de dólares más para financiar el consumo.

Indudablemente, Caracas pensó en la iniciativa de PetroCaribe con el objetivo de ganar influencia en los países vecinos necesitados. Es irónico que, como uno de los principales formadores de precio más agresivos de la OPEP, Chávez siempre haya defendido un precio alto del petróleo desde que asumió el poder en 1999. Por ende, la generosidad que está utilizando como influencia política la pagan en, en parte, los países más pobres, más vulnerables que nunca a este plan “caritativo”. Si bien se puede entender que los gobiernos del Caribe, desesperados, se aferren a cualquier oportunidad para intentar afrontar el problema de los altísimos costos energéticos, a largo plazo, las consecuencias de esta decisión les costará mucho más que lo que estos líderes totalmente independientes han calculado. Y como dejó claro el primer ministro Manning, es un grave revés para los principios de mercado.

Bolivia: cuando un socio se convierte en amo

Cuando el nuevo presidente de Bolivia, Evo Morales, dirigiéndose a los Estados Unidos dijo: “Bolivia necesita socios, no amos”, bien podría haberse referido a su dominante amigo de Caracas. Luego de asumir, Morales firmó acuerdos con Chávez que parecen colocar a Bolivia con firmeza en la órbita económica y política de Venezuela.

Uno de los convenios del 24 de enero canjea 200.000 barriles de crudo, diesel y gas licuado de petróleo de Venezuela mensuales por 200.000 toneladas de soja y 20.000 toneladas de aves de Bolivia. Bolivia también aceptó una oferta de PDVSA para proporcionar asistencia técnica para la explotación de sus abundantes reservas de gas natural y para renovar su empresa energética YPFB, casi moribunda.

El acuerdo de trueque nos recuerda los intercambios de petróleo por azúcar entre la Unión Soviética y Cuba. Uno se pregunta por qué Bolivia no encuentra un mercado dispuesto a comprar y precios justos para sus productos agrícolas entre sus socios comerciales tradicionales, en vez de recurrir a un acuerdo artificial. La única razón por la que este país podría llegar a depender de Venezuela para su energía es que Morales se deje asesorar en exceso por los inexpertos personajes políticamente leales al gobierno que controlan PDVSA en la actualidad.

Sin lugar a dudas, Chávez espera que la dependencia de Bolivia respecto de Venezuela no sea sólo en lo referente al asesoramiento. Bolivia necesita miles de millones de dólares en tecnología e infraestructura para explotar el gas natural y llevarlo a los mercados. En mayo del 2005, antes de que Morales asumiera como presidente, el Congreso de Bolivia reformó la ley de hidrocarburos, declaró el gas un recurso estratégico, convirtió los hidrocarburos en propiedad del estado y a cargo de YPFB, impuso nuevos impuestos a la producción y ordenó la renegociación de contratos de riesgo compartido previos.

Demás está decir que la ley ahuyentó los capitales. Sólo aquellas empresas que participaron en la inversión de $US 3.500 millones en Bolivia, siguen ahí ya que no les quedó otra alternativa que capear el temporal, pero son pocas las que desean invertir dinero fresco además del ya invertido. Una sola dosis de consejos del presidente Chávez acerca de los mercados energéticos alcanzaría para alejar a los audaces inversores, que aún siguen tentados por el potencial de Bolivia. Esto puede terminar colocando a Bolivia en una posición de dependencia absoluta del capital de Venezuela, su principal competidor en el mercado de gas natural de América Latina. El “socio” se convierte en “amo”.

Las recientes noticias de enero mostraron cuáles son las consecuencias de una mala política; el gigante energético español, Repsol YPF, se vio obligado a reducir en un 25% las estimaciones de reservas probadas. La mitad de esta reducción es atribuible a la incertidumbre política y al cambiante entorno comercial de Bolivia. De acuerdo con lo manifestado por Repsol, la ley de hidrocarburos de Bolivia de mayo de 2005, que pretende viciar contratos vinculantes y aumentar al 50% las tasas combinadas de impuestos y regalías, hace que la producción futura de los yacimientos de Bolivia “ya no sea comercialmente viable”[17].

Las últimas novedades de Bolivia muestran un ambiente complicado para aquellos países que quieran hacer negocios allí. El nuevo ministro de energía del presidente Morales, Andrés Soliz Rada, afirmó recientemente que las empresas extranjeras no podían considerar a las reservas petrolíferas y gasíferas de Bolivia como propias porque, en realidad, pertenecen a YPFB. El nuevo directivo de YPFB, Jorge Alvarado, señaló que Bolivia comenzaría a adquirir refinerías que ahora pertenecen a la empresa brasilera Petrobras. Varias de las empresas petroleras, que invirtieron $US 3.500 millones durante la última década, declararon su intención de renegociar los términos de los contratos existentes con el nuevo equipo de Morales[18].

Conclusiones y recomendaciones

Los casos concretos de Canadá y de Camisea son una prueba reciente y convincente de que en el sector energético las decisiones orientadas al mercado pagan dividendos en todo el sentido de la expresión. El modelo estatista que Chávez pretende endilgar a sus vecinos está cargado de riesgos políticos y económicos. No obstante, algunos gobiernos pueden verse tentados a buscar respuestas fáciles, por lo tanto, las empresas privadas que tengan interés en enfoques basados en el mercado tienen toda la razón en defender su posición en este debate.

Las empresas energéticas de occidente actuarían con inteligencia si utilizaran su capital y su pericia técnica como incentivo para alentar a los países de América Latina y el Caribe a adoptar políticas bien delineadas y justas que den seguridad a las inversiones. A la inversa de lo planteado por la retórica de la otra parte, políticas energéticas racionales basadas firmemente en el mercado son la única forma de salvar a los países más pobres de aquellos que saben mucho más sobre cómo gastar la riqueza proveniente de la energía que sobre cómo generarla.

Roger F. Noriega ([email protected]) es visiting fellow de AEI.

Megan Davy, asistente de investigación del AEI, colaboró en este artículo. Scott R. Palmer, editor del AEI, trabajó junto con el autor en la edición y producción de este número de Latin American Outlook.

Notas

1. Presidente George W. Bush, “State of the Union Address,”(Discurso a los Estados de la Unión), Washington, D.C., Office of the White House Press Secretary, 31 de enero de 2006, disponible en <http://www.whitehouse.gov/stateoftheunion/2006/>.

2. A menos que se cite otra fuente, gran parte del material de consulta fue tomado del informe del Consejo de las Américas, Energy Action Group, Energy in the Americas: Building a Lasting Partnership for Security and Prosperity, Washington, D.C., octubre de 2005, 6-8.

3. David Luhnow, “Mexico’s Oil Output May Decline Sharply” (La producción de petróleo de México puede disminuir abruptamente), Wall Street Journal, 9 de febrero de 2006.

4. Por ejemplo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos recientemente coordinó un diálogo entre el sector público y el sector privado, para identificar las medidas del gobierno de Colombia (que luego fueron tomadas) y hacerlas más atractivas para los capitales extranjeros.

5. Para un resumen de los estudios que cuantifican las tendencias de crecimiento, véase Martin E. Sandbu, “Taxable Resource Revenue Distributions: A Proposal for Alleviating the Natural Resource Curse,” working paper (Distribución de los ingresos por recursos tributarios: una propuesta para aliviar la maldición de los recursos naturales (documento de trabajo)), Center on Globalization and Sustainable Development, Earth Institute, Columbia University, Nueva York, agosto de 2004, disponible en <http://www.earthinstitute.columbia.edu/cgsd/documents/sandbu_distribution_000.pdf>.

6. “Canada’s Oil Supply Could Top Saudi Arabia: Report”(Informe: El suministro petrolero de Canadá podría superar el de Arabia Saudita), Canadian Broadcasting Company News, 11 de enero de 2006, disponible en <http://www.cbc.ca/story/canada/national/2006/01/11/canadian-oil060111.html>.

7. “Manning Warns Caribbean against PetroCaribe” (Manning advierte a los caribeños acerca de PetroCaribe), Jamaica Observer, 13 de enero de 2006, disponible en <http://www.jamaicaobserver.com/magazines/Business/html/20060112T210000-0500_96451_OBS_MANNING_WARNS_CARIBBEAN_AGAINST_
PETROCARIBE.asp
>.

8. David Biller, “Morales, Chávez Sign Energy Integration Accords” (Morales y Chávez firman acuerdos de integración energética), Business News Americas, 25 de enero de 2006, disponible en <http://www.bnamericas.com/story.jsp?sector=9&idioma=I¬icia=342321>.

9. “Repsol YPF to Cut Reserves 25%” (Repsol YPF reduce reservas 25%), Business News Americas, 26 de enero de 2006, disponible en <http://www.bnamericas.com/story.jsp?sector=9&idioma=I¬icia=342524>.

10. Energy Action Group del Consejo de las Américas, Energy in the Americas, 11.

11. Alberta Department of Energy, “Oil Sands” (Arenas Petrolìferas), Government of Alberta, disponible en <http://www.energy.gov.ab.ca/89.asp>; Dave Ebner, “Canada Oil Sands Worth $1.4 Trillion,” (Las arenas petrolíferas de Canadá están valuadas en $1,4 billones) Globe and Mail, 29 de Septiembre de 2005.

12. El informe aparece citado en Canada Association of Petroleum Producers, “Oil Sands Economic Impacts across Canada-CERI Report,” CAPP backgrounder, Septiembre de 2005 (Impacto económico de las arenas petrolíferas en Canadá-Informe CERI)”, informe citado en la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo (fuente extraoficial)) disponible en <http://www.capp.ca/raw.asp?x=1&dt=NTV&e=PDF&dn=92079>.

13. Athabasca Regional Issues Working Group, “Canada’s Oil Sands”(Arenas petrolíferas de Canadá), junio de 2005, disponible en <http://www.oilsands.cc/pdfs/June%202005% 20Oil%20Sands%20Fact%20Sheet.pdf>.

14. “Peru LNG Holds Official Signing and Site Dedication with President Toledo” (Perú LNG celebra la firma oficial y la dedicación del emplazamiento con el Presidente Toledo), Rigzone.com, 12 enero de 2006, disponible en <http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=28504>.

15. “Manning Warns Caribbean against PetroCaribe” (Manning advierte a los caribeños acerca de PetroCaribe).

16. Ratna Sahay, “Stabilization, Debt, and Fiscal Policy in the Caribbean” (Estabilización, deuda y política fiscal en el Caribe), IMF working paper, 8 de junio de 2004, disponible en <http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2004/carib/pdf/sahay.pdf>.

17. “Repsol YPF to Cut Reserves 25%.”(Repsol YPF reducirá sus reservas un 25%).

18. Santiago Perez y Bernd Radowitz, “Petrobras Begins Talks With Bolivian Government” (Petrobras comienza negociaciones con el gobierno de Bolivia), LatinPetroleum.com, 27 de enero de 2006, disponible en <http://www.latinpetroleum.com/article_5201.shtml>; y Alan Clendenning, “Repsol YPF Said Willing to Re-Negotiate” (Repsol YPF declaró estar dispuesto a renegociar), LatinPetroleum.com, 27 de enero de 2006, disponible en <http://www.latinpetroleum.com/article_5202.shtml>.

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