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Roger F. Noriega

Fue, por cierto, un anuncio sorprendente desde Miami, el miércoles: el gobierno de Estados Unidos acusó a cinco individuos por su papel en el encubrimiento de una contribución de US$ 800.000 en efectivo del presidente venezolano Hugo Chávez a la campaña de Cristina Kirchner, la mujer que ganó la elección fácilmente en octubre y que no ha completado aún una semana en el cargo como presidenta de la Argentina.

Por supuesto que la presidenta Kirchner inmediatamente emitió una respuesta enojada contra tal acusación. Fue una respuesta predecible. Lo que es bastante inusual es que, en vez de meramente negar la acusación, la presidenta Kirchner impugnó ferozmente las motivaciones de los investigadores estadounidenses, sosteniendo que la querella penal buscaba "cubrir de basura" su presidencia ("operaciones basura"). Y rechazó las "presiones" para que terminara su amistad con el incendiario antiestadounidense Hugo Chávez.

Uno podría haber pensado que la líder electa para defender el imperio de la ley en su país hubiera jurado llegar al fondo del escándalo, aunque más no fuera para limpiar su nombre. Al fin de cuentas, ¿no es posible que una contribución ilícita fuera ofrecida por Chávez o solicitada por un funcionario de la campaña de Kirchner sin su consentimiento?

¿No debiera sentir más curiosidad la nueva presidenta de por qué no hubo investigación por las autoridades argentinas del incidente del 4 de agosto en el que agentes aduaneros argentinos descubrieron a Guido Alejandro Antonini Wilson llegando al aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, trayendo US$ 800.000 no declarados?

¿Es tan común que los extranjeros lleguen a la Argentina con US$ 800.000 y huyan del país cuando se descubre el dinero, como para que este incidente no generara sospechas?

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Si las autoridades argentinas hubiesen hecho su trabajo, las de los EE.UU. probablemente hubiesen estado dispuestas a presentar cargos de lavado de dinero contra Antonini. Si los funcionarios argentinos hubiesen hecho su trabajo, podrían quizás a esta altura haber armado su propio caso y solicitado la extradición de Antonini para que enfrentara a la justicia argentina.

En vez de ello, las autoridades legales de EE.UU. se enteraron del aparente crimen de un ciudadano de EE.UU. que trató de ingresar de contrabando una gran suma de dinero a la Argentina y que abandonó el dinero cuando se lo atrapó. Antonini volvió a Miami, donde, según la querella federal publicada, cuatro hombres tomaron contacto con él y exigieron que fuera cómplice de su plan de ocultar el verdadero origen y destino del dinero sospechoso. Los hombres dijeron a Antonini que su plan estaba aprobado por "el máximo nivel del gobierno venezolano", incluido el vicepresidente Jorge Rodríguez (el hombre que presidió la cámara electoral que supervisó la reelección de Hugo Chávez en 2006) y la agencia de inteligencia venezolana.

Prometieron a Antonini que si reconocía el dinero como propio y ocultaba el hecho de que recibió el dinero del gobierno de Chávez sus costas legales y penalidades serían pagados por la compañía petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela. Antonini fue advertido de que si, en cambio, no cooperaba con el encubrimiento, el gobierno lo perseguiría y sus hijos estarían en peligro.

El hecho de que el fiscal del Distrito Sur de Florida basó su caso en una cuestión técnica--que los cinco individuos acusados trabajaban para el gobierno venezolano sin registrarse como "agentes extranjeros"--demuestra que las autoridades de Estados Unidos tuvieron que armar el caso sin la plena cooperación de las autoridades argentinas.

Dicho sea de paso, para mí es seguro que el fiscal, el FBI y el magistrado que firmaron la querella criminal actúan con absoluta independencia.

La idea presentada por algunos altos funcionarios de Kirchner de que ésta es una "operación de inteligencia" sugiere una falta de conocimiento preocupante de la independencia de los organismos encargados de aplicar la ley y del sistema judicial.

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La afirmación de que es una jugada, de que es parte de un gambito diplomático con el que se busca presionar al gobierno de Kirchner para que termine el romance con el gobierno de Chávez, es casi ridícula. Yo creo que los diplomáticos estadounidenses se enteraron de estos cargos penales en el sitio de Internet del Miami Herald y están preocupados hoy por la predecible reacción en Buenos Aires.

Uno pensaría que las autoridades argentinas tendrían alguna curiosidad acerca de un aparente crimen cometido en su territorio, o que las autoridades argentinas querrían saber si sus amigos en Caracas son responsables de un plan para amenazar los hijos inocentes de un individuo para encubrir un crimen. En vez de eso, la presidenta y sus ministros instantáneamente defienden a Hugo Chávez y rechazan las acusaciones como si ya supieran más que todos nosotros.

Roger F. Noriega es director de Tew Cardenas, LLP y fellow visitante del American Enterprise Institute. Fue embajador ante la OEA y subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos en el período 2001-2005.